Hay que felicitarse, aunque solo sea por esta vez, de que haya imperado un poco la lógica y la sanción del TAS a Valverde se haya hecho pública después del Giro de Italia. Y es que hubiera sido un auténtico despropósito haber ‘distraido’ el gran espectáculo deportivo con la publicidad a una sanción que ya es absolutamente atemporal, al llegar con un retraso incomprensible e injustificado que contribuye a que se hable de injusticia, aunque éste sea un término muy distinto.
Ni que decir tiene que la sanción ha sido acogida con alegría por numerosas personas y colectivos. Principalmente por todos aquellos cuyo pensamiento es simple: ‘el que la hace, la paga’. Y es que la existencia de una bolsa con su sangre ‘enriquecida’ está catalogada reglamentariamente como tentativa de dopaje, y por lo tanto como un hecho sancionable. Pero también hay otros individuos que se han alegrado de esta sanción por su pretensión de que sea un escarmiento ejemplar a un corredor cuyo único mal –actual- ha sido utilizar todos los medios legales a su alcance para intentar evitar la sanción. Y claro, ello conlleva un retraso en el castigo que no existió, por ejemplo, con Ivan Basso. No nos olvidemos nunca de que la bolsa corresponde a 2004 y que no hay nada que indique que Valverde haya competido dopado desde entonces. Más bien todo lo contrario.
En cuanto a los defensores, tienen un símil muy apropiado: el caso del chaval que robaba coches en su alocada juventud en un entorno de malas influencias y que una década larga después –maduro y con una vida y trabajo estable- recibe la condena de varios años por una de sus fechorías de antaño. En ese caso, es frecuente que la sociedad reclame un indulto –o una reducción de pena- en base a la rehabilitación y reinserción, algo impensable en el de Valverde, donde quien debería perdonar es precisamente quien más quiere castigar y ejemplarizar.
El proceso
De todas formas lo que yo no termino de entender no es el castigo, sino el proceso. A raíz de la OP el juez instructor, Antonio Serrano (titular del Juzgado 31 de Madrid), se negaba a que las pruebas obtenidas pudieran ser utilizadas para abrir expedientes deportivos no sólo en España, sino a corredores españoles, aunque sí se autorizó el envío de las mismas a Alemania, demostrándose la implicación de Jan Ullrich, y a Italia, lo que sirvió para sancionar a Michele Scarponi e Ivan Basso –que tampoco reconoció nunca haberse dopado, aunque sí la tentativa-. Un agravio comparativo que ha espoleado las acciones italianas contra Valverde, por ejemplo. Según me comentó un abogado, es un principio básico de funcionamiento del procedimiento judicial –al menos en España- que unas pruebas obtenidas en una investigación sobre un tema no puedan ser utilizadas en otro. Y por supuesto, al estar en vía penal, se anulaba la administrativa, en este caso la potestad sancionadora.
Sin embargo, el CONI se las apañó para que en ausencia de Serrano, la jueza suplente, Ana Teresa Jiménez Valverde, al recibir la orden urgente italiana diera su aprobación para que los envases se facilitaran a las autoridades italianas. Serrano reaccionó emitiendo un auto urgente que daba por nulas las actuaciones del organismo italiano contra Valverde, argumentando que la fiscalía antidopaje del CONI depende del Ministerio de Cultura italiano y no del de Justicia, e insistiendo que las pruebas de un proceso legal no podían utilizarse en la jurisdicción deportiva.
Si realmente esto era así, estábamos ante un asunto de Estado que trasciende a toda competencia del caso particular del ciclista murciano y de la propia legislación deportiva y que debería haberse tenido otros protagonistas y otros foros. Y obviamente la decisión de la juez suplente quedaba muy en entredicho. Pero no pasó nada, aunque se hablara mucho. Y además, ni al CONI, primero, ni al TAS, después, le importaron un bledo estos argumentos. Y para más inri, la Audiencia Provincial de Madrid estimaba hace menos de un mes el recurso del CONI para el uso de las pruebas al considerar que se debe de "interpretar con amplitud" el derecho de tutela judicial efectiva y que el organismo italiano, "como organización que tiene por finalidad la dirección desarrollo, control, reglamentación [...] del ciclismo 'bajo todas sus formas' en el ámbito nacional e internacional", es "titular de un interés legítimo" para ser parte del procedimiento. Casi ná, que diría un castizo.
Yo no lo digo, lo comentaba ayer Juan Mora en AS: “Es algo tan difícil de explicar que nos deja en evidencia ante otros países. Lo que aquí no se puede sancionar, fuera sí”. Un agujero legal que puede repetirse tanto con cualquiera de los ciclistas que se encontraban presuntamente en la OP, como con otros deportistas que puedan verse ‘cazados’ en el futuro en una operación similar que tenga ese componente judicial que impida la apertura de expedientes administrativos. Pero también se abre la posibilidad de que cualquier juez de cualquier país decida arrogarse las competencias para juzgar una falta, un delito, si, por las razones que sean, no lo es en España.
La sanción
Hay una segunda fuente de polémica, pero que ya importa menos, referida a la duración efectiva de la sanción: se habla de dos años –de 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011-, aunque realmente no pueda correr desde anteayer, lunes 31 de mayo, es decir 17 meses. En Italia, en cambio, la sanción será de más de dos años y medio, y si lo aplicamos a las ‘grandes’ supone tres ausencias en Giro y Tour. Y eso, por no hablar de la retirada de todos los resultados de lo que va de temporada. ¿En base a qué, si estamos hablando de una acción de 2004, no de estos últimos meses?
Y aunque los abogados del ciclista aún digan que tienen algunos cartuchos en la recámara en forma de recursos, me temo que es algo que no le hace ningún bien ya a Valverde, que más que el ejemplo legalista de Floyd Landis, quien decía haberse arruinado con su defensa, debería tomar en cuenta el de Basso, y pensar que la mejor, posiblemente la única, Justicia llegará a partir del 1 de enero de 2012: con 32 años, aún tendrá cuerda para demostrar mucho sobre la bicicleta, que en definitiva es lo que queremos todos.
Ni que decir tiene que la sanción ha sido acogida con alegría por numerosas personas y colectivos. Principalmente por todos aquellos cuyo pensamiento es simple: ‘el que la hace, la paga’. Y es que la existencia de una bolsa con su sangre ‘enriquecida’ está catalogada reglamentariamente como tentativa de dopaje, y por lo tanto como un hecho sancionable. Pero también hay otros individuos que se han alegrado de esta sanción por su pretensión de que sea un escarmiento ejemplar a un corredor cuyo único mal –actual- ha sido utilizar todos los medios legales a su alcance para intentar evitar la sanción. Y claro, ello conlleva un retraso en el castigo que no existió, por ejemplo, con Ivan Basso. No nos olvidemos nunca de que la bolsa corresponde a 2004 y que no hay nada que indique que Valverde haya competido dopado desde entonces. Más bien todo lo contrario.
En cuanto a los defensores, tienen un símil muy apropiado: el caso del chaval que robaba coches en su alocada juventud en un entorno de malas influencias y que una década larga después –maduro y con una vida y trabajo estable- recibe la condena de varios años por una de sus fechorías de antaño. En ese caso, es frecuente que la sociedad reclame un indulto –o una reducción de pena- en base a la rehabilitación y reinserción, algo impensable en el de Valverde, donde quien debería perdonar es precisamente quien más quiere castigar y ejemplarizar.
El proceso
De todas formas lo que yo no termino de entender no es el castigo, sino el proceso. A raíz de la OP el juez instructor, Antonio Serrano (titular del Juzgado 31 de Madrid), se negaba a que las pruebas obtenidas pudieran ser utilizadas para abrir expedientes deportivos no sólo en España, sino a corredores españoles, aunque sí se autorizó el envío de las mismas a Alemania, demostrándose la implicación de Jan Ullrich, y a Italia, lo que sirvió para sancionar a Michele Scarponi e Ivan Basso –que tampoco reconoció nunca haberse dopado, aunque sí la tentativa-. Un agravio comparativo que ha espoleado las acciones italianas contra Valverde, por ejemplo. Según me comentó un abogado, es un principio básico de funcionamiento del procedimiento judicial –al menos en España- que unas pruebas obtenidas en una investigación sobre un tema no puedan ser utilizadas en otro. Y por supuesto, al estar en vía penal, se anulaba la administrativa, en este caso la potestad sancionadora.
Sin embargo, el CONI se las apañó para que en ausencia de Serrano, la jueza suplente, Ana Teresa Jiménez Valverde, al recibir la orden urgente italiana diera su aprobación para que los envases se facilitaran a las autoridades italianas. Serrano reaccionó emitiendo un auto urgente que daba por nulas las actuaciones del organismo italiano contra Valverde, argumentando que la fiscalía antidopaje del CONI depende del Ministerio de Cultura italiano y no del de Justicia, e insistiendo que las pruebas de un proceso legal no podían utilizarse en la jurisdicción deportiva.
Si realmente esto era así, estábamos ante un asunto de Estado que trasciende a toda competencia del caso particular del ciclista murciano y de la propia legislación deportiva y que debería haberse tenido otros protagonistas y otros foros. Y obviamente la decisión de la juez suplente quedaba muy en entredicho. Pero no pasó nada, aunque se hablara mucho. Y además, ni al CONI, primero, ni al TAS, después, le importaron un bledo estos argumentos. Y para más inri, la Audiencia Provincial de Madrid estimaba hace menos de un mes el recurso del CONI para el uso de las pruebas al considerar que se debe de "interpretar con amplitud" el derecho de tutela judicial efectiva y que el organismo italiano, "como organización que tiene por finalidad la dirección desarrollo, control, reglamentación [...] del ciclismo 'bajo todas sus formas' en el ámbito nacional e internacional", es "titular de un interés legítimo" para ser parte del procedimiento. Casi ná, que diría un castizo.
Yo no lo digo, lo comentaba ayer Juan Mora en AS: “Es algo tan difícil de explicar que nos deja en evidencia ante otros países. Lo que aquí no se puede sancionar, fuera sí”. Un agujero legal que puede repetirse tanto con cualquiera de los ciclistas que se encontraban presuntamente en la OP, como con otros deportistas que puedan verse ‘cazados’ en el futuro en una operación similar que tenga ese componente judicial que impida la apertura de expedientes administrativos. Pero también se abre la posibilidad de que cualquier juez de cualquier país decida arrogarse las competencias para juzgar una falta, un delito, si, por las razones que sean, no lo es en España.
La sanción
Hay una segunda fuente de polémica, pero que ya importa menos, referida a la duración efectiva de la sanción: se habla de dos años –de 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011-, aunque realmente no pueda correr desde anteayer, lunes 31 de mayo, es decir 17 meses. En Italia, en cambio, la sanción será de más de dos años y medio, y si lo aplicamos a las ‘grandes’ supone tres ausencias en Giro y Tour. Y eso, por no hablar de la retirada de todos los resultados de lo que va de temporada. ¿En base a qué, si estamos hablando de una acción de 2004, no de estos últimos meses?
Y aunque los abogados del ciclista aún digan que tienen algunos cartuchos en la recámara en forma de recursos, me temo que es algo que no le hace ningún bien ya a Valverde, que más que el ejemplo legalista de Floyd Landis, quien decía haberse arruinado con su defensa, debería tomar en cuenta el de Basso, y pensar que la mejor, posiblemente la única, Justicia llegará a partir del 1 de enero de 2012: con 32 años, aún tendrá cuerda para demostrar mucho sobre la bicicleta, que en definitiva es lo que queremos todos.
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